Badajoz, 24.11.2015. Los concejales socialistas afirman que la concejala de Servicios Sociales se salta a la torera la Ley de Educación de Extremadura que dicta que dichos edificios no pueden destinarse a otros servicios o finalidades sin autorización previa de la Administración regional.
La iniciativa de la Concejalía de Servicios Sociales de adjudicar las casas de los conserjes que forman parte de los centros educativos comete un acto de irresponsabilidad. Estas casas se encuentran en el interior de los edificios educativos formando parte del aulario, sin acceso alguno en el exterior.
El Grupo Municipal Socialista defiende y lucha a diario para que las familias desfavorecidas de la ciudad de Badajoz tengan una vivienda digna, pero la actuación de la concejala en este asunto es un verdadero despropósito.
Por un lado porque con esta actuación el PP se salta “a la torera” la Ley de Educación de Extremadura – LEEx, que en su Artículo 190, Solares y edificios destinados a centros educativos, dice textualmente en su párrafo tercero: “La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de educación infantil, educación primaria y educación especial corresponderán al municipio respectivo. Dichos edificios no podrán destinarse a otros servicios o finalidades sin autorización previa de la Administración educativa”. Por tanto por mucho que le pese, están obligados a solicitar permiso expreso a la Junta de Extremadura para poder desafectar el uso de estas viviendas y que, en cualquier caso, tiene que tener un uso exclusivamente educativo y no social como así se pretende.
Por otro lado, los socialistas se preguntan dónde queda la protección del menor, pues no hay que olvidar que en estos centros educativos está escolarizado alumnado desde los tres años y que con esta medida se vulnera la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, pudiendo entrar en situaciones de riesgo y desamparo.
Por otra parte, desde el Grupo Socialista se preguntan cómo se está haciendo el proceso de adjudicación de las viviendas y si cuenta con todas las garantías, más allá de suposiciones y juicios subjetivos de valor.
