BADAJOZ, 23 Dic. (PSOE y EUROPA PRESS) –
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz ha apuntillado que se ha cometido un «delito urbanístico» en un edificio de la calle Zurbarán de la ciudad y que, tras 17 años, «sigue en pie» o «al menos» la «parte ilegal» del mismo, mientras el gobierno del Partido Popular «no tiene nada que decir».
«Estamos, estaremos y actuaremos en consecuencia el grupo municipal según se desarrollen los acontecimientos», ha señalado el concejal del PSOE, Pedro Miranda, que ha detallado que la obra «ilegal» consiste en la construcción de una altura más en el edificio, en el que el promotor construyó en sus dos partes una planta más, «una ilegalidad que, en la Ley del Suelo, es una falta grave» y que, además, aumenta la edificabilidad en unos 240 metros cuadrados.
El edil ha comparecido en una rueda de prensa telemática para criticar un asunto urbanístico que, en opinión de los socialistas, «es de extrema gravedad», además de un caso que ha definido como «un verdadero manual para cometer delitos urbanísticos en la ciudad de Badajoz, sortear la ley, hacerlo con la pasividad y torpeza del gobierno municipal y contar con la presunta colaboración, intencionada o no intencionada, de algún funcionario».
Según ha explicado, en el año 2003 un promotor pide licencia de obras para promover un edificio destinado a oficinas, garajes y locales comerciales en la calle Zurbarán número 5; realiza la obra y en 2006 solicita la licencia de primera ocupación, así como que en la «rutinaria» inspección el funcionario «detecta que en la obra se ha producido un delito urbanístico», se pone en conocimiento del promotor y no se le concede esta licencia de primera ocupación.
Además, ha continuado, se le advierte que son obras «no legalizables» y que el promotor «intenta justificar las obras pero no lo consigue», mientras que en 2006 el ayuntamiento «se ve en la obligación» de realizar un expediente disciplinario de protección a la legalidad contra el promotor, que no justifica «las obras ilegales» y al que en el expediente se le advierte que será quien «esté obligado a demoler la edificación ilegal», dándole un mes de plazo.
Pedro Miranda ha expuesto que el promotor «hace caso omiso a ese expediente» y en 2008 el ayuntamiento «al ver que el promotor ignora este expediente disciplinario» se ve «en la obligación» de abrir un procedimiento de ejecución subsidaria, además de encargar en esas fechas al Gabinete de Proyectos municipal el proyecto de demolición «necesario»; a la vez que ha señalado que «entre tanto y al ver que el promotor no consigue sus objetivos decide presentar un recurso en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Badajoz», que resuelve «a favor» del ayuntamiento.
De este modo, «ya el promotor se ve en las últimas y recurre por última vez al ayuntamiento, pidiendo un trámite de audiencia» que se le concede y que pidió con la «intención» de comunicar que «él prefiere o quiere hacer el derribo de las obras», según Miranda, para quien el consistorio, desde el punto de vista legal, argumenta que «no es posible» y es el ayuntamiento el que debe derribar la obra «con cargo, evidentemente, al promotor».
EL PROMOTOR «SE VA DE ROSITAS»
En ese punto se produce, según ha destacado, la «primera sorpresa» de este expediente, dado que el ayuntamiento en el año 2009 «de forma sorprendente suspende la demolición y dicta un nuevo decreto de ejecución subsidiaria, esta vez ya no lo hace contra el promotor porque, y aquí es donde está la sorpresa, el promotor desaparece de la escena y simplemente se va de rositas», por lo que desde la administración municipal «no tienen más remedio que presentar esa demolición y ese nuevo decreto de ejecución subsidiaria contra la comunidad de propietarios».
Dicha comunidad pleitea «de nuevo» con el ayuntamiento y cuando existe una resolución decretando el derribo, una sentencia «firme» del juzgado y se produce un procedimiento de ejecución subsidaria ya aprobado, los vecinos «al final resignados aceptan la demolición de las obras clandestinas» tras pasar 10 años «donde se ha estado mareando la perdiz».
Tras ese tiempo, según el edil del PSOE, se da la «segunda sorpresa», que consiste en que el ayuntamiento «se percata y detecta» que en el proyecto redactado por Gabinete de Proyectos «hay errores que impiden la demolición», por lo que «da la sensación efectivamente que esto son unas claras maniobras para seguir dilatando el proceso de demolición» y los responsables políticos y los técnicos municipales deberán «algún día» explicar «esas maniobras» y «por qué ese expediente se extiende cuando ya todo el escenario para poder derribar estaba completo».
A este respecto, ha matizado que en 2015 en un documento interno el jefe de sección de Disciplina Urbanística realiza una manifestación en un informe y según la cual «el proyecto redactado, es decir el proyecto del 2008, contempla la demolición parcial de lo edificado ilegalmente y no la demolición total», y que también «advierte» que «como consecuencia de que el ayuntamiento detecta esos errores paraliza el expediente y encarga un nuevo proyecto», que se hace «simplemente con la firma de otro funcionario, de otro técnico».
Así, este nuevo proyecto de 2012 es «idéntico» al de 2008 con la «única diferencia» entre ambos de «simplemente la actualización de los precios que existen en las mediciones del proyecto», lo cual es «importante» como también lo es para Miranda que, a continuación, el funcionario considera «que es necesario para la restitución de la legalidad urbanística vulnerada la tramitación de un nuevo procedimiento de ejecución subsidiaria» y «hay que realizar uno nuevo dada la naturaleza de los vicios en que incurre el actual expediente y el tiempo transcurrido».
Por último, este funcionario dice que, dada la fecha de la resolución a ejecutar subsidiariamente, el 13 de junio de 2016, «se requiere disponer del referido proyecto con la mayor urgencia posible, para evitar que la restitución de la legalidad urbanística pretendida pueda verse frustrada por la prescripción del ejercicio de acciones, lo que podría además acarrear consecuencias de índole disciplinaria» y «dada las demoras injustificadas que padece la tramitación del procedimiento».
La «tercera sorpresa» llega en 2017 cuando «un pobre e inocente» empresario compra un local en el edificio para abrir un negocio y, al solicitar la licencia de obras, el consistorio se la deniega al ser «un edificio ilegal» y lo que hace es «marear al ciudadano», «enredarlo y engañarlo en los trámites burocráticos que el ayuntamiento sabe que son totalmente estériles»; y, por último, se le presenta «una gran incertidumbre» porque «no sabrá si esta historia tiene fin».
Finalmente, Pedro Miranda ha incidido en que la obra que se tiene que demoler es «justo todo lo edificado bajo cubierta», dado que en esa altura que se ha construido «de más» se han hecho dos o tres viviendas, y ha apuntillado que la licencia de obras del edificio se concedió para hacer oficinas, locales comerciales y el garaje, pero hay viviendas y ciudadanos que residen en las mismas pese a ser un inmueble «ilegal desde el principio» y «fuera de toda legalidad» desde que en 2006 el promotor pidiera la licencia de primera ocupación, que fue denegada por el ayuntamiento.
CRONOLOGÍA
2003 LICENCIA DE OBRAS
Para un edificio de oficinas, garaje y locales comerciales
2006 SOLICITUD DE 1ª Ocupación
Inspección Urbanística detecta un DELITO URBANÍSTICO
No se concede la licencia
Obras NO LEGALIZABLES
El promotor NO JUSTIFICA las obras ilegales
2006 EXPEDIENTE DISCIPLINARIO DE PROTECCIÓN A LA LEGALIDAD
Contra el promotor
Obligación del promotor de DEMOLER en un MES (EL PROMOTOR NO DERRIBA)
2008 PROCEDIMIENTO DE EJCUCIÓN SUBSIDIARIA
Será el Ayuntamiento quien derribe
Encarga el PROYECTO DE DEMOLICIÓN
2008 RECURSO del promotor al Juzgado Contencioso-Administrativo nº2 de Badajoz
El Juzgado RESUELVE a favor del Ayuntamiento
2008 TRAMITE DE AUDIENCIA AL PROMOTOR
El promotor acepta la demolición, pero quiere realizarla él mismo
El Ayuntamiento se lo NIEGA
1ª Sorpresa
2009 EL AYTO. SUSPENDE LA DEMOLICIÓN Y DICTA UN NUEVO DECRETO DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA
Ahora lo realiza contra la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
El Promotor ha desaparecido y se ha ido de rositas
En esta situación es decir con:
- Una Resolución decretando el derribo
- Una sentencia firme por el Juzgado
- Un Procedimiento de Ejecución Subsidiaria aprobado
- Los vecinos que, aunque resignados, aceptan la demolición y
- 10 años mareando la perdiz. ….RESULTA QUE.
2ª Sorpresa
2014 El Ayto. se PERCATA Y DETECTA errores en su proyecto de demolición y ORDENA que se confeccione otro proyecto
Este nuevo proyecto lo realiza otro técnico y curiosamente es idéntico al realizado en 2008
2015 MANIOBRAS PARA SEGUIR DILATANDO EL PROCESO DE DEMOLICIÓN
No es un IMPRESIÓN, lo dice un funcionario en un informe interior (Jefe de Sección de Disciplina Urbanística
Leo textualmente…..
3ª Sorpresa
2017 PROBRE E INOCENTE CIUDADANO
Compra un local para abrir un negocio y todo lo que recibe del Ayuntamiento es:
- Negarle la Licencia de Obras
- Marearlo, enredarlo y engañarlo en trámites burocráticos totalmente estériles y
- Presentarle un panorama lleno de incertidumbre porque simplemente no sabrá el final de esta historia.
CONCLUSIÓN
La realidad es que hoy, 23 de diciembre de 2020, DICISIETE AÑOS DESPUES DE FRAGUARSE ESTE DELITO URBANISTICO EN PLENO CENTRO DE BADAJOZ, LA CONSTRUCCIÓN ILEGAL ALLI SE MANTIENE Y NADIE EN ESTE GOBIERNO MUNICIPAL DEL PP DICE NADA.
Este Alcalde, que se le llena la boca cuando nos habla de HONRADEZ, TRANSPARENCIA, EFICACIA EN LA GESTION POLITICA.
PONE AL SERVICIO DE LOS CIUDADANO UN AUTENTICO MANUAL DE COMO ENGAÑAR A LA ADMINISTRACIÓN Y A LOS CIUDADANOS, EN ESTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA.
Hoy para vergüenza de este alcalde, que casi nos pega en los plenos cuando se habla de MORAL, sigue en pie un delito urbanístico cometido en sus mismas narices y no sabemos si se DEMOLERÁ lo edificado ilegalmente o si ya han PRESCRITO LAS ACCIONES LEGALES y los infractores se habrán salido con la suya.
Estaremos y actuaremos en consecuencia según se desarrollen los acontecimientos.
Pero no nos cabe duda que los ciudadanos que compraron terrenos y edificaron, por ejemplo, en la Finca “Los Rostros”, tomarán nota de este ejemplo. O los vecinos de la Barriada de Tulio cuando le piden agua potable al Sr. Alcalde y este les responde que no puede llevársela por que son unos ilegales, seguro que también se leerán este MANUAL.
