Por Carmen Calvo Almodóvar.

Recientemente la Comisión Provincial de Patrimonio se ha pronunciado en contra del derribo del edificio de Biblioteconomía, conocido como cubo, basándose en que de realizarse se contravendría la Ley de Patrimonio. Mucho se ha escrito al respecto y,  a pesar de lo manido del tema, no me resisto por más tiempo a hacer unas reflexiones en voz alta en relación principalmente con el cubo, pero también con todo lo que está ocurriendo en Badajoz en relación con estos temas.

Como cuestión previa conviene recordar que la sentencia por la que se ordena derribar el famoso cubo, lo hace por irregularidades urbanísticas, ya que se dio la licencia de obras antes de modificar la ordenación urbanística, y no por atentar contra el patrimonio histórico-artístico. Así pues, se podría derribar  el cubo y volver a construir otro idéntico que ya sería legal. Todo un dislate. No obstante en el imaginario  de muchos ciudadanos el tema ha quedado como si la sentencia  que ordena tirar el edificio de Biblioteconomía se basara en la defensa del patrimonio, cuando es precisamente este argumento el que utiliza ahora la Comisión Provincial de Patrimonio para pedir su mantenimiento. Por esto y para aproximarnos al conocimiento sobre la mejor forma de proteger el patrimonio, considero conveniente hacer un breve recorrido histórico.

 Las Instituciones españolas de la dictadura, con su pobre aislacionismo, empezaron a proteger  muy tímidamente, con escasos medios, nuestros tesoros artísticos y patrimoniales. Recuerdo como anécdota la gracia que me hizo conocer que en Mérida, años atrás, existía una sola persona encargada de “vigilar” el patrimonio cuyo apelativo popular era “piedras viejas”.

Pero sin duda  la democracia, junto con la mejora de nuestro nivel educativo y cultural,  han contribuido a configurar conciencia ciudadana para la protección de nuestro patrimonio histórico-artístico. Nadie duda ahora que, en ocasiones, muchas agresiones realizadas sobre nuestro patrimonio fueron fruto más de la ignorancia que de la maldad.

Desgraciadamente nuestro país se incorporó bastante tarde a los foros e instituciones internacionales de expertos  en conservación del patrimonio. Muchos han sido los debates y autores que han confrontado sus posiciones,  desde las  posturas antitéticas del Siglo XIX defensoras de la restauración en estilo cuyo máximo exponente fue  Viollet-le-Duc,  a los radicalmente conservacionistas con John Ruskin a la cabeza,  que actuó como revulsivo frente a los excesos y falsificaciones de la “restauración en estilo” y especialmente contra la forma de restauración más fraudulenta, la de la reconstrucción  de un monumento, lo que  se denomina “FALSO HISTÓRICO”.

Los Documentos Internacionales  aprobados en el siglo XX:  Carta de Atenas (1931); Carta de Venecia (1964); Convención de París-UNESCO (1972); Declaración de Ámsterdam (1975); Declaración de Nairobi-UNESCO (1976) o Declaración de Oaxaca (1993), van adoptando acuerdos, recomendaciones y normas dirigidas a los Estados para la conservación  y defensa del patrimonio. En estos documentos se apuesta por la restauración científica, evitando el “falso histórico”, y  por la conservación de los núcleos históricos de las ciudades propiciando su habitabilidad y uso, y se orienta sobre la integración en los mismos de las construcciones de nuestro tiempo. Seguro que los que decidieron la construcción de la pirámide del Louvre o del centro Georges Pompidou  en París conocían estos documentos.

 Afortunadamente  en el último tercio del siglo XX ha calado en el sentir de los extremeños la importancia de nuestro riquísimo patrimonio cultural y artístico y junto a ello la necesidad de cuidarlo y protegerlo.

No puedo por menos que celebrar que la ciudadanía se implique en la defensa de nuestro patrimonio, el problema surge cuando “algunos” se dedican a dogmatizar  y quieren imponer sus criterios sobre cuestiones de patrimonio que afectan a la ciudad, cuando precisamente se basan en conceptos decimonónicos bastante obsoletos y superados por los expertos internacionales.  Sorprende igualmente que lo que podrían ser las legítimas opiniones ciudadanas de ciertos colectivos, suenen más a advertencias amenazantes dirigidas a las Instituciones que democráticamente nos representan, quizás crecidos por alguna sentencia que aunque acatemos a muchos nos sigue resultando  inexplicable y que en nada responde ni al bien común ni a la defensa de nuestro patrimonio. En Badajoz tenemos varios ejemplos recientes de actuaciones de este tipo: la pertinaz oposición a la permanencia del edificio de Biblioteconomía; la pertinaz oposición a la ampliación del museo de Bellas Artes o la reciente  construcción del “falso histórico” “flagrante” en la rotonda de la Avenida de Manuel Rojas (horroroso pegote de capilla cortijera).